El tema obligado en materia de derechos privados y derechos sociales nace, en la práctica, siempre con el choque de intereses sobre el acceso libre a las playas que son declaradas como bienes nacionales de uso público. El cómo acceder a ellas y usarlas por la nación toda implica en algunos casos la limitación de la propiedad privada de algunos propietarios de predios colindantes o comunidades dueñas de terrenos con orilla de playa.


Al parecer el Tribunal Constitucional de Chile ha decidido sentenciar, por primera vez en forma tan profunda sobre este tema y entregarnos una postura oficial que abre la puerta a que por vía administrativa se solucionen una serie de conflictos que, hasta la fecha, parecían sin solución.


En efecto, por sentencia de fecha 17 de marzo del 2009 y resolviendo una cuestión sobre inaplicabilidad de una resolución administrativa dictada por la Intendenta Regional de La Araucanía, por medio de la cual accedió a otorgar el derecho público de acceso a playas ubicadas en el lago Villarrica y la otra en el Lago Huilipilún mediante el paso por dos predios pertenecientes a privados, sentó una jurisprudencia firme sobre el asunto discutido y definirá, probablemente, todas las cuestiones pendientes que existen hoy y en el futuro, pudiendo acceder a una solución rápida y eficaz, por medio de la correspondiente resolución dictada al efecto por cualquier Intendente del País y que recaiga en hechos que correspondan a su Región.


Se pregunta el Tribunal si, en la especie, resulta lícito que la ley imponga al particular la obligación de facilitar el acceso a una playa de lago por o a través del terreno de su propiedad colindante a la misma, así como que confiera al Intendente Regional la potestad de precisar el modo de cumplir esa obligación. El inciso primero del artículo 13 del Decreto Ley Nº 1.939, de 1977, establece que “los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto”. Por su parte, el inciso segundo del mismo precepto dispone que “la fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará el Intendente Regional, a través de la Dirección, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos y, si no se produjere acuerdo o aquéllos no asistieren a la audiencia, el Intendente Regional las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios a los afectados.


Es la propia Carta Fundamental la que permite a la ley reservar “a la Nación toda” determinados bienes y excluirlos del dominio privado. De ese modo, la existencia de los llamados “bienes nacionales de uso público” tiene un fundamento constitucional. Para que “la Nación toda” pueda efectivamente usar de los bienes nacionales de uso público, resulta indispensable que pueda acceder a ellos.


Conforme lo dispone la Carta Fundamental, “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.”.
Estando autorizado el legislador a establecer limitaciones a la propiedad privada que deriven de su función social, cabe examinar si el gravamen impuesto por el artículo 13 del Decreto Ley constituye una limitación o una privación del dominio y si ella puede o no considerarse que deriva de la “función social” de la propiedad.
“Lo que la norma dispone es que el propietario colindante de la playa permita el paso de terceros en una franja de su terreno, misma que, conforme a ley, no debe causar daños innecesarios. La obligación de permitir el paso afecta las capacidades de usar y gozar con exclusividad. Lo que es una limitación al derecho de propiedad pero en ningún caso una expropiación” concluye el Tribunal.


“El acceso terrestre es, por lo general, el único que permite que un bien reservado a la nación toda sea efectivamente susceptible de “uso público”, pues ello exige de un razonablemente fácil acceso, que sólo lo brinda –por lo general- el ingreso terrestre.”


En definitiva se considera Constitucional la actuación administrativa que limita la propiedad conforme lo establece la misma carta Fundamental y cuidando “la proporcionalidad del medio empleado”.


Finaliza el Tribunal señalando contundentemente que “la limitación a la propiedad determinada por el precepto legal debe estimarse como constitucionalmente legítima”. Ya no sólo Constitucional, ya no sólo legal o que se ajusta a derecho sino que es LEGÍTIMA. A partir de este fallo se han solucionado administrativamente casos tan discutidos como Pingueral en Concepción, entre otros. Como se ve se abrió una puerta de solución que hace un año era impensada.


ARMANDO FIGUEROA MANDIOLA
PRESIDENTE